16 de octubre de 2024

(LONDRES | MIAMI | NUEVA YORK) PEN Internacional, PEN Cuba Escritores en el Exilio y Artists at Risk Connection (ARC) denuncian una nueva ola de ataques contra voces independientes. En las últimas semanas, periodistas, artistas y escritores han denunciado detenciones arbitrarias, acoso y amenazas por parte de las autoridades, lo que muestra un patrón de censura junto con la aprobación de nuevas leyes que limitan el ejercicio de la libertad de expresión.

Los recientes actos represivos se han producido tras la entrada en vigor de la Ley de Comunicación Social a principios de este mes, junto con el Decreto 101/2014 Reglamento de la Ley, y del 102/2024 Reglamento para el ejercicio de la publicidad y el patrocinio, criticados por medios de comunicación y organizaciones locales, regionales e internacionales.

La Ley de Comunicación Social, junto con el uso desproporcionado del derecho penal, promueve la aplicación de delitos adicionales del Código Penal para perseguir a las voces criticas, imputándoles delitos como calumnias en «redes sociales» (articulo 391), mercenarismo (articulo 135), supuesta obtención de recursos para pagar actividades contra la seguridad del Estado (articulo 143), o desobediencia (articulo 185).

Las informaciones de septiembre de 2024 documentan una oleada de represión contra escritores y artistas independientes. El 12 de septiembre, la escritora y académica Alina Bárbara López Hernández fue expulsada de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) sin derecho a defenderse ni a apelar la decisión. En un post público que hizo en redes sociales, López explicó las razones de su injusta suspensión, incluyendo «información interna sobre el proceso disciplinario contra mi y [que] “ofendió” a un miembro de la organización». Según su testimonio, los motivos de su expulsión fueron «realizar actividades contra la revolución», «publicaciones contra las altas dirigencias de la revolución» y «mostrar solidaridad con el movimiento del 11 de julio».

El 18 de septiembre, se informó de que la historiadora y ensayista cubana Jenny Pantoja Torres fue detenida y puesta en libertad horas después, tras la vigilancia policial y las amenazas de la Seguridad del Estado y la Policia Nacional. Ese mismo dia, el escritor y humorista Jorge Fernández Era, el historiador y escritor Alexander Hall Lujardo , y el critico de arte y columnista Raymar Aguado Hernández, fueron citados para ser interrogados debido a sus publicaciones en las redes sociales, su activismo y sus criticas a las autoridades.

Jorge Fernández Era fue citado por el Ministerio de Seguridad a su sede en Villa Marista, La Habana. Según un post en su página de Facebook, pasó alli casi ocho horas, durante las cuales fue interrogado sobre sus publicaciones en los medios sociales y amenazado con acciones legales.

El mismo dia del interrogatorio de Fernández Era, Alexander Hall Lujardo y Raymar Aguado Hernández, miembros del colectivo Socialistas en Lucha, también fueron citados por la Seguridad del Estado para ser interrogados. Según el medio digital Periodismo de izquierda, Alexander, que también escribe para elTOQUE, «intuye que en su caso se trata de un interrogatorio como parte de la redada contra el periodismo independiente que actualmente lleva a cabo la seguridad del Estado.»

PEN Internacional, Artists at Risk Connection (ARC) y PEN Cuba en el Exilio hacen un llamamiento a las autoridades cubanas a que:

• Cesen todo acoso y violencia contra las voces criticas;
• liberen a los artistas y escritores encarcelados por ejercer su libertad de expresión y de reunión pacifica;
• deroguen la Ley de Comunicación Social por su impacto restrictivo sobre el derecho a la información y la libertad de expresión.

Contexto relevante sobre la libertad de expresión en Cuba

Ley de Comunicación Social

El 4 de octubre de 2024 entró en vigor la Ley de Comunicación Social, junto al Decreto 101/2014 Reglamento de la Ley y 102/2024 Reglamento para el ejercicio de la publicidad y el patrocinio. La Ley de Comunicación Social impone un control extremo sobre los medios, los periodistas y la opinión pública. Por ejemplo, el articulo 13.1.2 prohibe que los contenidos publicados difamen, calumnien o insulten a las autoridades del Estado y que se utilicen para «subvertir el orden constitucional y desestabilizar el Estado socialista de derecho y justicia social». Los medios de comunicación que incumplan esta norma se enfrentan a la suspensión, la cancelación o la eliminación de su sitio web. Mientras tanto, el Instituto de Información y Comunicación Social centraliza las decisiones sobre publicidad y la regulación de contenidos.

Acoso continuado y exilio forzoso de artistas y escritores

PEN Internacional y ARC han documentado acoso y silenciamiento dirigidos por el gobierno cubano y encaminados a limitar la expresión creativa independiente, en algunos casos, forzando a los individuos al exilio. La Lista de Casos 2023/2024 de PEN Internacional, numerosos comunicados, y el informe Método Cuba 2023 de ARC, PEN International y Cubalex: Testimonios de artistas independientes sobre el exilio forzoso, exploran la amplia gama de tácticas represivas utilizadas por el gobierno para deslegitimar y marginar las voces disidentes.