Contribución para el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal sobre Nicaragua

El presente informe, elaborado por Artists at Risk Connection (ARC) junto con una coalición de organizaciones internacionales, tiene como objetivo denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas las continuas violaciones a la libertad de expresión en Nicaragua, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) de 2024. Desde 2018, tras las manifestaciones en contra del gobierno de Daniel Ortega, se ha intensificado la represión contra periodistas, activistas, artistas y otros criticos, resultando en censura, detenciones arbitrarias, exilio forzado y otras graves violaciones de derechos humanos. Durante el tercer ciclo del EPU, Nicaragua sólo aceptó 14 de las 48 recomendaciones relacionadas con la libertad de expresión y desde entonces, la situación se ha deteriorado significativamente. La persecución de voces disidentes ha sido implacable, incluyendo el cierre de medios de comunicación, la confiscación de propiedades y la promulgación de leyes que restringen el espacio civico y la libertad de prensa. Este informe busca presentar estas problemáticas a la comunidad internacional, con el propósito de promover recomendaciones concretas que mejoren la situación de la libertad de expresión en Nicaragua, donde actualmente casi no existen garantias para el ejercicio de este derecho fundamental.

Recomendaciones para abordar el deterioro del ambiente para la libertad de expresión en Nicaragua

Entre 2018 y 2024, el Estado de Nicaragua y sus funcionarios han intensificado y aumentado las agresiones selectivas contra periodistas, activistas, artistas, medios de comunicación, estudiantes, clérigos, opositores politicos, etc. Actos como las detenciones arbitrarias, el exilio forzado, el retiro de la ciudadania y el despojo de bienes y derechos básicos se están convirtiendo en habituales. Desde el último ciclo del EPU, la legislación[1] aplicada en Nicaragua ha provocado una restricción del espacio civico y de la libertad de expresión en el pais. El Estado se ha negado a cumplir los compromisos previos adquiridos en el proceso del EPU y no está protegiendo, ni garantizando estos derechos esenciales.

1. Persecución y criminalización de periodistas y artistas

Durante el periodo de este ciclo del EPU, la libertad de expresión y libertad artistica se han visto atacadas y las principales organizaciones de la sociedad civil, periodistas y creadores que promueven el diálogo y los derechos humanos y culturales, han sido blanco de ataques. La libertad de los medios de comunicación se ha visto socavada mediante restricciones a la cobertura informativa relacionada con la pandemia del Covid-19, limitaciones a la información pública y amenazas al trabajo de los periodistas. También se ha producido un dramático aumento de la persecución, los ataques y la censura contra periodistas, incluyendo actos de difamación; restricciones en el acceso a la información y a internet; procesos civiles y penales; denegación de acceso a los servicios públicos, incluida la sanidad; detenciones arbitrarias; tortura; abuso del poder del Estado; secuestros; ataques de género; y asesinatos.

Recomendaciones especificas

• Cesar el acoso judicial, policial e institucional contra las voces criticas y contra quienes ejercen su derecho a la libre expresión y a la manifestación pacifica.

• Poner fin al uso arbitrario de mecanismos administrativos, legislativos, judiciales, financieros y policiales que impiden el ejercicio de la libertad de expresión y otros derechos fundamentales en el pais.

• Derogar las leyes restrictivas que operen en contra del derecho internacional referentes a la libertad de expresión, libertad artistica y de manifestación.

• Adoptar medidas inmediatas para liberar a todas las personas opositoras y criticas detenidas arbitrariamente, incluidos periodistas, activistas, artistas y otras personas presas politicas encarceladas por ejercer su derecho a la libre expresión, la expresión artistica y la manifestación pacifica.

2. Exilio forzado y despojo de la nacionalidad

Entre los mecanismos represivos implementados por el Estado nicaragüense en el periodo documentado para este ciclo, destacan el despojo de la ciudadania y el exilio forzoso de personas criticas con las autoridades. Debido a la crisis sociopolitica que vive el pais desde abril de 2018, y a la retirada de la ciudadania a al menos 317 personas, Nicaragua alcanzó la cifra récord de al menos 440.260 desplazados, el 6,5% de su población. Noventa de los despojados de su nacionalidad en 2023 son periodistas, diplomáticos, directores de medios de comunicación, miembros de la oposición, escritores y miembros de organizaciones de la sociedad civil, incluidas personas defensoras de los derechos humanos y activistas. Estas violaciones han perpetuado otras violaciones de los derechos humanos, incluidas las violaciones de los derechos al reconocimiento como persona ante la ley, a participar en los asuntos públicos, al trabajo, a la seguridad social y otros derechos económicos y sociales, cuyos impactos son imposibles de cuantificar.

Recomendaciones especificas

• Adoptar medidas inmediatas para restituir la nacionalidad a periodistas, escritores, activistas, defensores de los derechos humanos, disidentes politicos y otros opositores a los que se ha privado arbitrariamente de su nacionalidad como represalia por ejercer su derecho a la libertad de expresión.

3. Cierre y confiscación de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil/ONG

Entre 2018 y 2023 se cerraron 49 medios de comunicación. Cinco de ellos fueron objeto de redadas, con el consiguiente cierre de sus oficinas y la confiscación de sus propiedades. Los periodistas han sido victimas de ataques, como el robo de equipos de producción y transmisión, acoso y asedio policial, retención de suministros, embargos económicos, redadas y cierre arbitrario de sus licencias. A las emisoras de radio se les ha prohibido cubrir las noticias y han denunciado constantes interferencias en sus frecuencias por parte de emisoras pro gubernamentales. Asimismo, el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) les ha cancelado sus licencias de radiodifusión basándose en falsas acusaciones de que operaban de forma irregular. Además, desde 2018 a más de 3.500 ONGs se les ha cancelado su registro legal, según diferentes organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. La aniquilación de organizaciones, especialmente las que trabajan por las libertades fundamentales, afecta a la democracia, reduce el espacio civico y facilita el silenciamiento de las voces criticas y disidentes.

Recomendaciones especificas

• Garantizar la libertad de los medios de comunicación permitiendo a periodistas, trabajadores de los medios y otros profesionales de la comunicación llevar a cabo plenamente su labor informativa, la seguridad de sus bienes e inversiones y un entorno propicio en el que puedan trabajar sin temor a represalias.

• Devolver los equipos e infraestructuras confiscados a los medios de comunicación, periodistas y otros opositores, como muestra de compromiso con las libertades fundamentales y la democracia en el pais.

• Poner fin a la campaña de persecución religiosa, especialmente contra los medios de comunicación de la Iglesia católica, y garantizar que operan en igualdad de oportunidades que los de otras iglesias o corrientes religiosas.

• Restablecer de inmediato la personalidad juridica de las organizaciones de la sociedad civil que han sido clausuradas y permitir que realicen su trabajo sin temor a represalias.

Notas al final

1. El gobierno nicaragüense ha recurrido a medidas legales para restringir aún más la libertad de prensa, como la “Ley Especial de Delitos Cibernéticos”, la “Ley de Agentes Extranjeros” y la “Ley en Defensa de la Soberania Nacional”.

Publicado el 27 de agosto de 2024